Graves omisiones ponen en entredicho la auditoría de Cobre Panamá

La auditoría contratada por el gobierno para evaluar los impactos del proyecto Cobre Panamá nace con deficiencias de fondo que impedirán conocer la verdad sobre los daños ambientales y sociales de la mayor mina a
cielo abierto del país. Así lo alertaron este jueves la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería.

En conferencia de prensa, ambas organizaciones recordaron que tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que provocó el cese de operaciones de la mina, la ciudadanía y diversos sectores sociales exigieron una auditoría “profunda, integral, idónea e independiente”. El gobierno panameño se comprometió a llevarla a cabo, pero los documentos publicados en el portal de PanamaCompra en agosto de 2025 muestran un alcance distinto al que inicialmente se prometió.

“El borrador sometido por MiAMBIENTE a consulta pública en enero de este año prometía una auditoría integral e independiente con el objetivo principal de generar la información esencial para ‘iniciar el proceso de cierre definitivo de la Mina Cobre Panamá’”, señalan en un comunicado. Sin embargo, la versión ajustada en mayo de 2025 y remitida luego al Ministerio de Comercio e Industrias en agosto aún mantenía ese objetivo de planificación
del cierre ordenado. “Este objetivo principal, y el contenido asociado, ha desaparecido por completo en el texto final con el que se contrató a la empresa auditora”, denuncian. 

Al justificar la exclusión de 170 compromisos ambientales, el Ministerio de Ambiente sostiene en los términos de referencia que “no pueden ser parte de esta auditoría porque fueron ejecutados en la fase de construcción”. La Mesa Técnica y el Movimiento cuestionan esta afirmación: “¿Cómo puede saber el ministerio que fueron ejecutados si no lo verifica?”, plantean.

Según las organizaciones, los compromisos omitidos incluyen la verificación de la seguridad y diseño de estructuras mineras, impactos sobre calidad de aire y agua en los bosques tropicales circundantes, el cumplimiento de estándares de derechos humanos, y políticas de contratación y adquisición local.

“El Ministerio de Ambiente desmejoró importantes aspectos de sus propios borradores y desatendió recomendaciones de sociedad civil y otras entidades”, añadieron. Entre las recomendaciones ignoradas se encontraba ampliar la auditoría a áreas externas a la concesión minera, e incluir muestreos de monitoreo microbiológico, así como de calidad y cantidad de agua. “El documento final descarta muestreos en el área del proyecto”, indica el comunicado.

Otra preocupación señalada es la transparencia del proceso. Mientras los términos de referencia sometidos a consulta en enero de 2025 establecían, en línea con el Acuerdo de Escazú, que “toda la información generada durante el proceso de auditoría es de carácter público” e incluían la obligación de publicar un resumen en lenguaje no técnico, “esta disposición ha sido eliminada”, revelan.

“La auditoría integral del proyecto minero es una aspiración social y un compromiso que el propio gobierno asumió”, recordaron. “No puede reducirse a un trámite debilitado y con graves omisiones que pretendan justificar propósitos de reapertura. El país necesita una auditoría real, transparente e independiente, que sirva como instrumento de información veraz, control, fiscalización y prevención de desastres irreparables”.